El gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido el cierre de la central nuclear de Garoña para el año 2013, a pesar de la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear de mantenerla abierta 10 años más.
La medida implica que aumentarán las emisiones de CO2, ya que la energía suministrada por la central es difícil de sustituir por renovables de tipo solar o eólica - cuya potencia instalada no es igual a potencia suministrada, ya que dependen del sol y del viento para funcionar -, y debe ser sustituida por energía de origen hidroeléctrico o térmico.
Tampoco ayudará en la lucha contra la crisis, ya que provocará la destrucción de al menos 1.000 puestos de trabajo, la depresión económica de la comarca donde está la central, y seguramente provocará un aumento en la factura de la luz que pagamos todos los españoles.
Además producirá un impacto negativo de 450 millones en las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, que repercutirá en los accionistas y usuarios.
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